Ayotzinapa: los deberes de la amistad y de la ley.

De nueva cuenta Guerrero es nota nacional. Y no precisamente en temas que nos llenen de orgullo. Nuestra historia se repite, con los errores y horrores de las fuerzas del orden público. El 30 de diciembre de 1960 el movimiento estudiantil apoyado por amplios sectores de la sociedad fue reprimido por la fuerza policiaca en el centro de la ciudad de Chilpancingo, represión que llevó a la caída del gobernador Raúl Caballero Aburto, el 4 de enero de 1961. En aquel momento, todo se agravó, cuando un electricista colgaba una manta en un poste de luz y recibió un disparo que le causó la muerte. Sobre los motivos determinantes que influyeron en la desaparición de los poderes en Guerrero, el doctor Marcial Rodríguez Saldaña escribió en su tesis doctoral (citando a Alba Teresa Estrada Castañón): “Cuando entran en conjunción con otras fuerzas sociales, la crisis se profundizó con la imposición de familiares y amigos en los principales cargos burocráticos... El nepotismo del régimen, al monopolizar los cargos públicos, suscitó el descontento de funcionarios y lideres desplazados” (pág. 140). Hasta aquí Rodríguez Saldaña. Hoy, cuando decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, exigían el cumplimiento de una audiencia al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, dos jóvenes fueron asesinados en la Autopista del Sol, por la Policía Ministerial de Guerrero, según prueban los videos de la Procuraduría General de la República. Para facilitar las investigaciones, se tomó la decisión de separar de sus cargos al gabinete de seguridad pública. Decisión saludable pero que no es suficiente. El capítulo Tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, sobre las competencias de las secretarias del Ejecutivo, se lee: Articulo 20.- La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: XXXIX.- Proporcionar la atención adecuada y oportuna a las demandas que le presenten ciudadanos u organizaciones sociales y partidos políticos, en un marco de tolerancia, armonía y respeto, procurando mantener una relación efectiva y coordinada con los mismos en la solución de sus requerimientos, a través del diálogo, la concertación y el respaldo para facilitar su acceso puntual hacia los servicios públicos que brindan las dependencias y entidades del gobierno estatal; En el conflicto que nos ocupa, esta dependencia no cumplió con la responsabilidad a que la Ley le obliga. En cinco ocasiones la solicitud de audiencia fue cancelada por esta instancia de gobierno. El problema se dejó correr, por una errática estrategia política o irresponsabilidad de los funcionarios. La defensa primaria del gobierno es patética. El discurso oficial y las inserciones de apoyo en los medios de comunicación parecen desprendidos de la misma matriz despótica de la década de los sesenta; para seguir el guión del autoritarismo, falta acusar a los estudiantes del delito de disolución social que bastaba para encarcelar a inconformes con el régimen. La investigación debe llegar tan lejos como lo reclama el interés público. La sociedad exige el castigo de quienes cobardemente asesinaron a estos jóvenes, pero sobre todo, de quién dio la orden de cometer tal barbarie. Sin importar militancias políticas o afectos personales, los guerrerenses exigen justicia. Decía don Benito Juárez: Los deberes de la amistad concluyen, donde empieza el imperio de la Ley.