La renuncia del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no ha recibido la atención debida, pese a ser un asunto mayor de nuestra democracia. Este hecho abre la posibilidad al gobierno federal de asumir el control de este órgano regulador.
La batalla por su dirección tiene que ver con el sector donde confluyen los más poderosos intereses del país, pues regula las telecomunicaciones. Se juegan intereses más allá de lo económico, pues los grupos mediáticos ejercen un poder, que hoy por hoy les permite tener como rehén a la clase política del país.
Los medios electrónicos han acumulado una significativa fuerza política que los ha llevado a sentirse capaces, no sólo de participar, sino de tomar la “iniciativa” para conducir la transformación democrática de la sociedad.
El hecho, aparentemente coyuntural, revela también que el poder y los medios integran un binomio inseparable, pero del cual se pueden rescatar encuentros y desencuentros: convergencias y divergencias que sirven para explicar una parte importante de nuestra historia política. Ni el Estado en sus diversas formas de representación ha sido ajeno al comportamiento de los medios de comunicación; ni éstos han dejado de tomar en cuenta la naturaleza del régimen político que han tenido enfrente.
Cofetel tiene competencia en todo lo concerniente a las telecomunicaciones. Se encarga de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. En este sentido, tiene como misión que la población tenga acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de mayor infraestructura, la eficiente prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías. Su función es regular las redes de telecomunicación y los servicios relacionados: locales y de larga distancia, fijos y móviles, comunicaciones satelitales, señales de televisión y audio pagadas (sistemas CATV, DTH y MMDS), interconexiones internacionales.
Si en el México de ayer Productora e Importadora de Papel, SA, creada en 1935, era el instrumento del gobierno para controlar la prensa escrita, hoy es Cofetel el organismo, que por su naturaleza, regula los medios de comunicación electrónicos, hegemónicos en la formación de la opinión “pública”.
En 1954 durante la inauguración de la nueva planta de PIPSA, los editores de periódicos escucharon el mensaje personal del presidente Adolfo Ruíz Cortines en el que les reiteró su “absoluto respeto a la libertad de prensa”, pero les exteriorizó también su “confianza en que los periodistas sabrán servir con eficacia y lealtad a la patria”. Así lo hicieron. Los valores tradicionales de la política mexicana, la lealtad, la obediencia y el apoyo a la Revolución Mexicana fueron la cohesión social que propagaban entusiastamente los medios impresos y electrónicos. La norma era “la línea del señor presidente”.
Emilio Azcarraga Milmo, quien en sus años de gloria, al frente de Televisa, fue considerado el empresario “más poderoso que ha visto México” se declaró en 1990, “soldado del Partido Revolucionario Institucional” y cinco años después manifestó ser únicamente “soldado del presidente”.
La prensa en lo general, no ha logrado ser un contrapoder, en el mayor de los casos es un instrumento más de legitimación. El fin del monopolio en la producción de papel periódico, en 1988, no dio lugar al término de la relación perversa prensa-gobierno. En la actualidad poco menos de 10 por ciento de la población se informa a través de los medios escritos de comunicación, la inmensa mayoría “recibe la información” por medios electrónicos.
México es uno de los pocos países del mundo donde 95 por ciento de los canales de televisión están acaparados por sólo dos empresas. En radio ocurre algo parecido: 10 grupos controlan 72 por ciento de las estaciones. Las reformas a la ley les han permitido incrementar el oligopolio ingresando en campos como la telefonía celular, televisión por cable o Internet, sin mayor trámite. El gran capital domina no sólo la objetividad gracias al control de los medios de producción, sino la subjetividad gracias al control de los medios de comunicación e información.
Subordinar las concesiones y su regulación a los vaivenes de la política gubernamental es uno de los mayores riesgos a nuestra frágil democracia.
El Congreso debe insistir en que Cofetel sea verdaderamente un órgano autónomo del Estado mexicano, que no sea “capturado” por el presidente de la República, con lo cual ganaríamos certeza jurídica en un Estado de derecho, que es donde nos debemos instalar en definitiva. El retorno de la “línea y de los nuevos soldados del señor presidente”, tocan la puerta.
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