Uniformes Escolares

No dudo que el gobernador Ángel Aguirre sea un hombre bien intencionado, pero sólo con esa prenda no garantiza un buen gobierno. Si bien no era novedoso, llamó la atención uno de sus compromisos de campaña: uniformes escolares gratuitos para estudiantes del nivel básico. Me alentó, sobre todo por su formación profesional. Aguirre Rivero es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM donde fue adjunto de mi compañero de generación, Joaquín Vela, viejo militante del Partido del Trabajo, cuya área de investigación, por muchos años, precisamente ha sido La Intervención del Estado en la Economía. A diferencia de otros que le criticaron por demagógico, creo que este programa hacía falta en Guerrero, porque sería, desde una perspectiva democrática, detonante para el desarrollo regional, generación de empleos, plazas ligadas a la productividad y estímulo para nuevas inversiones en la producción, confección y distribución de prendas, no solo para la escuela, también para el deporte y los trabajadores de la salud; de ahí mi simpatía profesional. Pero la realidad fue otra, las buenas intenciones se convirtieron en acciones de gobierno que van en contra de lo que debería ser una política de empleo y desarrollo. El desarrollo con justicia tiene que ver con el mercado interno y la acumulación de capital, por lo que el Programa de Uniformes Escolares va (o debiera ir) de la mano con la transformación económica y social. “Incumpliendo su compromiso con que la mano de obra sería guerrerense, fueron dos empresas textileras que operan en el Estado de México y el Distrito Federal las que confeccionaron los 508 mil 630 coordinados escolares”, señala la prensa, cuya inversión fue de unos 80 millones de pesos. El gobierno estatal también adquirió paquetes de útiles escolares, con una inversión total, precisó Regina Kuri Salas, encargada de los programas sociales Guerrero Cumple, es de unos 90 millones de pesos. Calificó el hecho de “histórico”, tanto que “abría de ser el parteaguas del antes y el después en Guerrero”; y aclaró que “la razón por la que no encargó los uniformes a empresas locales, en principio, fue porque no reunían los estándares de calidad de las telas, y segundo, por la falta de tiempo”. “La licitación fue abierta, agrega la funcionaria, porque no había empresas guerrerenses que tuvieran la capacidad para confeccionar en tres meses los más de 500 mil coordinados escolares. “Cumplimos con la distribución de uniformes y útiles escolares. Ahora, a prepararnos para producirlos y comprarlos en Guerrero en el próximo ciclo escolar”, subraya un asesor “en otra época el señor Tlacaélel” del Ejecutivo del estado. Así, en una licitación que no se tiene registro, decenas de millones de pesos, “por falta de tiempo”, fueron a parar a empresarios del Distrito Federal y del Estado de México. “Armar un programa de carácter social, productivo y económico, que genere oportunidades de empleo para atender a los miles de guerrerenses que viven en la pobreza”, como bien lo señala el gobernador, no admite improvisaciones. Si bien es cierto que carecemos de maquiladoras capaces de producir esta demanda (en calidad y cantidad), no justifica la compra en otras entidades. Eso es lo más fácil, pero lo más próximo a la irresponsabilidad. ¿No era más sensato, en una primera etapa, para proteger nuestro mercado interno, trabajar en estrategias como el convocar a los comerciantes del Estado que se dedican a la venta de uniformes y artículos escolares, interesados en participar en el programa, a registrarse en un padrón y a través de vales del gobierno hacer su entrega a los padres de familia? ¿Había necesidad de poner en riesgo la inversión y los empleos de esas empresas, que por muchos años le han apostado a Guerrero? Mi opinión no es nueva, ya es un modelo exitoso en muchos estados del país. No era necesario golpear nuestra incipiente planta productiva y comercial, sobre todo en la crisis que vivimos, donde lo más importante es preservar el empleo, sin cualificarlo, sea temporal o definitivo. ¿Que no tenemos la infraestructura adecuada?. Es cierto, pero para eso es la intervención del Estado. Si el roble tarda años en crecer, más vale abrir el surco ahora para sembrarlo, para no tener que esperar aun más. Si el cambio en Guerrero va a requerir de muchos años de esfuerzo y trabajo, más vale tomar medidas inteligentes ahora. Por formación y convicción Aguirre le recuerda al secretario Blake Mora: “No olviden que Guerrero es una entidad de profundos contrastes y en donde tenemos regiones como la montaña donde la gente se está muriendo de hambre” y en una teoría del desarrollo aprendida en su carrera profesional, (sustitución de importaciones. Fernando Fajnzilber, et al) que favoreció el optimismo y la confianza de su campaña, ha insistido “lo que Guerrero produce y consume debe ser de y para los guerrerenses”. Posición que retoma reivindicaciones muy justas. ¿Pero porque no empezó éste programa con esa premisa?. ¿Por qué el programa no lo asumió la Secretaría de Desarrollo Económico como era lógico? El discurso del hambre y la pobreza debe ir aparejado con la dignidad, la entereza, pero sobre todo con el sentido común. Demasiados años hemos dedicado a adjudicarle nuestro atraso a los demás. Imputar responsabilidades a otros sólo ha servido para la exculpación propia. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Con afecto a mi amigo.

Pueblo en vilo.

La inseguridad es uno de los ejes del debate social. Su incremento se vincula a la perdida de espacios públicos y a una creciente sensación de angustia y temor. En este contexto la ciudad ha perdido su capacidad socializadora para convertirse en un campo de batalla, y no precisamente de ideas. El registro de los diferentes episodios delictivos es un dato innegable de la gravedad del problema. El Estado es el actor sin contrapeso en materia de seguridad, por lo que el clima de violencia que padecemos pone en evidencia que los gobiernos –en distintos órdenes– no están a la altura de los retos del país. Devorado por la delincuencia organizada, cuya actividad hace ver insignificante a la delincuencia común, hoy Guerrero y Acapulco en particular se refugia en sus hogares para protegerse de algo que el gobierno está obligado a brindarle: seguridad y libertad de tránsito. El hogar es el único reducto para nuestra convivencia. Entre santa y santo, pared de cal y canto. Preocupa la violencia pero más la ineptitud de los responsables de combatirla. Estos han abdicado de su responsabilidad. Abogados inexpertos en materia de seguridad, que acusan recibo de su ambición política “no tienen ni puta idea”, como diría Saramago, del cómo enderezar el rumbo de este Estado. Los guerrerenses no merecen esta situación ni estos gobiernos, no es este el lugar donde queremos vivir ni morir; Guerrero es un Estado de gente dispuesta al sacrificio para reconstruir su futuro y su tejido social maltrecho por la calamidad de la inseguridad. Los secuestros, extorsiones, asesinatos y robos son el otro rostro de “la educación” de nuestra niñez. La escuela ha reducido su radio de acción, y el espejo de la política no refleja los valores en que merecen ser educados. Cual mas, cual menos, nuestros niños y jóvenes creen que la política es una actividad deshonrosa e inmoral, propia de sinvergüenzas. La carencia de ética es notoria en la gran mayoría de los que se dedican a ella. Son cortesanos dispuestos a atender el menor guiño del ejecutivo en turno. El liderazgo personal e institucional son menos vigorosos que antes. Se han tomado decisiones contra el manifiesto punto de vista de los gobernados. Lo cierto es que la sociedad ha perdido la calle y la paz ante la delincuencia y la ineptitud gubernamental Hemos encerrado el análisis de la inseguridad en el terreno numérico de las fuerzas de seguridad, en la modernización de su equipo y de sus armas. No es la fórmula de más armas y policías lo que devolverá la normalidad a nuestras comunidades, sino mejores gobiernos, dispuestos a abatir esa perniciosa data de enriquecimiento, nepotismo e impunidad; gobernantes dispuestos a servir a los que deben su mandato. En fin, la gente “con el Jesús en la boca” y oliendo el peligro, anda la mayor parte del tiempo dados a la tristeza, a una tristeza mansa, con frecuentes relámpagos de odio a los que sembraron esta barbarie. Tenemos años escuchando o leyendo la serie de denuncias por robo o extorsión de agentes encargados de procurar el orden y la justicia, años que han preparado el terreno en el que hoy se mueve el crimen organizado: esa es la génesis de la barbarie que padecemos y la explicación que las fuerzas del orden no tengan la confianza de los ciudadanos. Por allí debemos empezar, con una policía más comunitaria e integrante de la comunidad, con una clase política que sea lo contrario de lo que hoy es. Ya Cesare Beccaria (De los delitos y de las penas) hace un par de siglos, amparado en el paradigma del contrato social daba luces sobre la nueva visión de la criminalidad, rompiendo los patrones clásicos de administración estatal del delito y con ello sentando ciertas bases que los preventólogos modernos han adoptado: reforzar el aspecto educativo “pues es el medio más eficaz de evitar el delito”. Con ello no nos referimos solo a la educación que se imparte en el aula, sino a la educación que viene del ejemplo –de la pedagogía– de los actos de los gobernantes. Si los delitos cometidos en la esfera pública no se castigan, será difícil que el proceso de prevención social sea eficaz. El marco institucional no es el mejor. La crisis de los sistemas de justicia se evidencia en los bajos niveles de legitimidad y confianza ciudadana, así como en la percepción de corrupción e ineficiencia de la justicia y la policía. Sin duda la emergencia del fenómeno criminal ha desnudado una realidad de ineficiencia para enfrentar delitos cada vez más complejos y organizados. ¿Algo pueden hacer los gobiernos locales? Sí, potenciar la prevención, partiendo de que carecemos de una tradición en el tratamiento de la problemática y una débil vinculación histórica, la experiencia internacional muestra que, bien coordinadas las tareas de control y prevención, se generan resultados efectivos. Pero en un campo sembrado de desigualdades, falta de oportunidades y privilegios mal habidos, cualquier estrategia –en esta y otras materias–, está destinada al fracaso.

Rechazados.

Si los responsables del mundo son todos venerables adultos, y el mundo está como está, ¿no será que debemos prestar más atención a los jóvenes? Mario Benedetti Si el futuro de Guerrero es incierto, el de los jóvenes está cancelado. Es este sector el más golpeado. Sin oportunidades de estudio ni de trabajo nuestra juventud literalmente está en la calle; en la calle buscando empleo o un lugar en la Universidad Autónoma de Guerrero para continuar sus estudios. En ambos casos son rechazados, no habrá mas camino para ellos que aquel que supuestamente nuestras autoridades federales, estatales y municipales declaran combatir: la delincuencia. La indiferencia a sus reclamos los llevará a convertirse en reservas para los grupos del crimen organizado. Nadie se ocupa de sus protestas. La matrícula está cubierta en las disciplinas que desean estudiar, declara el rector. “Sólo tuvieron cabida, es cierto, aquellos que pasaron el examen de admisión”, pero también es cierto, aquellos aspirantes privilegiados inscritos por la cuota de espacios que la universidad otorga a sus trabajadores y otros, que obtuvieron el favor de funcionarios universitarios que aspiran a la rectoría. Serán el voto duro del candidato que incuba Villegas Arrizón. A los otros, que pretenden estudiar en áreas de la salud, se les ofrece una opción: registrarse en carreras que no son de su interés o, sencillamente, inscribirse en instituciones particulares, como si la economía estuviera en bonanza. Existen serias denuncias de exorbitantes cantidades de dinero que exigieron directivos de escuelas para inscribir a alumnos de primer ingreso en estas áreas tan demandadas. El silencio cómplice de la autoridad es la respuesta. Esta es la realidad universitaria, la que ha podrido y seguirá pudriendo la formación de nuestra juventud. De los rechazados nadie se ocupa. Están solos en su legítimo reclamo. El proceso de selección está viciado de orígen. “El movimiento está politizado”, declara el preclaro Ascencio Villegas Arrizón. Claro que está politizado, no el movimiento, sino la política educativa de la universidad, el método de elección de Rector del cual él es producto y las practicas oprobiosas de sus funcionarios. La huelga de hambre es la medida extrema a la que puede recurrirse para atraer la atención a la que tienen derecho los jóvenes, atendámoslos antes de que sea demasiado tarde. “No es así como se obtiene el pase a las escuelas”, dice el rector. Si no tienen dinero para pagar las cuotas exigidas o el favor de su delfín a la rectoría, ¿entonces como? Sin demagogias ni compromisos para mañana hay que ofrecerles ahora una educación gratuita y de calidad. ¿Qué sentido tienen los programas de ayudas públicas para familias numerosas o de apoyo a madres solteras, cuando les negamos el elemental derecho a estudiar una carrera universitaria? Ningún desarrollo se construye con dádivas. ¿Por cierto que hace un rector de la Universidad en un evento de entrega de escrituras? ¿Por qué no convocar a una reunión del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su secretario de Salud; el rector de la universidad, los señores diputados integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado (que preside por cierto un ex rector de la UAG) y encontrar la respuesta más adecuada a las expectativas de nuestros jóvenes, sin romper “los estándares de calidad”? Y conste que no se trata de respuestas de administraciones de izquierda, sino de elemental justicia. Entiendo que en la actual coyuntura se gobierne con pocos recursos, pero es incomprensible que se gobierne sin ideas. Recuerdo que en aquella prolongada huelga de la UNAM, ante la imposibilidad de usar las instalaciones, un gran número de actividades se desarrollaron en lo que se denominó “clases extramuros”, sobre todo en áreas de la salud, que se impartían en clínicas y hospitales del sector público, con resultados altamente satisfactorios. El problema de la UAG no es sólo financiero, sino de pérdida de identidad y consecuentemente de afinidad con los jóvenes guerrerenses. Nuestra universidad, empantanada en su esquema de cuotas –que sí es un problema estructural– no tiene un modelo educativo y por lo tanto no hay políticas educativas para el desarrollo. Su crecimiento y razón de ser no debe estar basado en la burbuja de la construcción de espacios educativos, hay decenas de ellos subutilizados y cientos de maestros que no están ante grupos, dedicados a actividades extrauniversitarias. De corregirse esto, habrá mayores posibilidades de inscribir a los alumnos rechazados. Ningún desarrollo social es posible si no pasa por la educación de su gente. Lo demás es demagogia y ocultar nuestras miserias económicas y educativas.