Pensar en un futuro democrático y de paz para Guerrero no es tarea sencilla. Nadie duda de su aporte a la primera revolución social del siglo XX. Pero la historia nunca es lineal y en materia política, los desenlaces suelen ser inciertos. No hace falta decir mucho, pero dudo que otras entidades tengan algo que envidiarnos.
Los acontecimientos del 12 de diciembre, en donde perdieron la vida dos estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raul Isidro Burgos marcaron, sin duda, la administración de Ángel Aguirre Rivero.
Han transcurrido más de 30 días y la agenda política de este gobierno sigue estando marcada por la ausencia de soluciones a este problema, cuyos alcances y resultados son aún imprevisibles.
No se trata de sumarme al clima de depresión colectiva, sino de admitir que nadie hubiera pensado que en pocos meses estaríamos en un nuevo laberinto de violencia. Sin una ruta de navegación es imposible gobernar.
La inconformidad social ha permeado todos los órdenes, dejando un Guerrero incendiado por la violencia y regido por la descomposición, la impunidad, el encubrimiento y la violación de los derechos humanos.
En manos de la CNDH, de la Procuraduría General de la República y del Congreso de la Unión está el caso Ayotzinapa.
La PGR ha anunciado que en los próximos días dará a conocer el resultado de sus investigaciones en este tema. La CNDH informó que presentará sus resultados definitivos en marzo, resultados que mantendrán en la incertidumbre a la administración de Aguirre Rivero.
Una incertidumbre que va acompañada por un peligroso vacío de poder; en manifestaciones inusuales en un régimen de derecho, el magisterio insiste en que los acuerdos alcanzados no fueron cumplidos, los secuestros y extorsiones continúan; los trabajadores del volante toman la calle para preservar sus privilegios; los asesinatos, sin importar hora, se repiten todos los días e, incluso, ya alcanzan a “la avanzada” del alcalde de Acapulco. Lo que nos uniforma con otras regiones es la inseguridad y el desorden.
Se rebelan ministeriales y personal administrativos de la PGJE exigiendo la salida del encargado de despacho y del director de la policía ministerial, acusándolos de incumplimiento en sus prestaciones. Van más allá. Marchan en exigencia de la liberación de sus dos compañeros consignados como presuntos responsables de la muerte de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Estos, a su vez, presentan nuevos testimonios del maltrato físico y sicológico a que fueron sometidos.
El ex subprocurador de Justicia, Alejandro Hernández Paz y Puente, afirma que no tuvo conocimiento de las investigaciones que la Procuraduría abrió por el asesinato de los normalistas, “pues el entonces procurador Alberto López Rosas lo relegó de esa función y asignó unilateralmente el caso al otro subprocurador, Cesar de los Santos Mendoza”.
Los colaboradores de Aguirre Rivero, pese a la excepcionalidad de la situación, están en campaña política para ocupar cargos de elección popular; los diputados no son la excepción.
Ante la indiferencia de la SEG, las Universidades Tecnológicas de Iguala y Chilapa continúan en paro.
Las notas periodísticas sobre encajuelados, descabezados y descuartizados, envejecen en veinticuatro horas y no hay medio que pueda retenerlos. Nuevas víctimas demandan su espacio. La muerte se abrió paso en la vida cotidiana. Han sido excepcionales los días con bandera en alto como símbolo de una jornada de paz.
¿Puede un gobierno así brindar la certidumbre a la que tienen derecho los gobernados?
Marzo es el mes en que tradicionalmente el magisterio se moviliza, particularmente, el que integra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Marzo es el mes en que este gobierno está en vísperas de cumplir su primer año de gobierno. El lo. de abril habrá de rendir su primer informe.
El 29 de marzo es fecha límite que tiene el Instituto Federal Electoral para aprobar las candidaturas y un día después comienzan las campañas políticas.
El 21 de marzo se celebra el natalicio de don Benito Juárez, el presidente que encabezó a los hombres de la reforma, la generación más lúcida en nuestra historia. “Yo y todos los míos, somos los que estamos más obligados a dar ejemplo de respeto a la ley, y los que debemos ser más severamente castigados por el desacato a esa misma ley”, dijo el Presidente Juárez, frase que está presente en esta hora de Guerrero.
Los guerrerenses merecemos ya vivir en paz, pero no la paz impuesta a toda costa, sino la paz que se derive de la justicia.
Merecemos gobiernos en que el ejercicio del poder encuentre en los derechos fundamentales un límite y un fin.
Leer artículo en La Jornada Guerrero
No hay comentarios.:
Publicar un comentario