Lo de antes.

Es clara que la predicción del ex presidente de México fue por completo desacertada. En aquel episodio hubo posiciones dignas, como la del rector de la UNAM Javier Barros Sierra, quien declaró: “La atención y solución de los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes que la violencia”; en el caso de los acontecimientos del 12 de diciembre pasado en la autopista del Sol, el rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón, por el contrario sostiene, que “detrás de las acciones de los estudiantes, existen intereses ocultos para desestabilizar a un estado donde el pueblo eligió democráticamente a un gobernante”, después de reconocer que ignora lo que pasó.

El 4 de octubre de 1968, tras la matanza de Tlatelolco, el diputado Manzanilla Schaffer expresó, acerca del acontecimiento, en la tribuna de la Cámara de Diputados: “En estas condiciones, el régimen, no podía ni debía permanecer indiferente, o hacerse sordo al clamor popular de que se mantuviera el orden público. De tal suerte, las medidas tomadas por el Ejecutivo federal, se justifican plenamente, puesto que ante la subversión no procede la tolerancia, sino la más firme energía.” “Nunca se había respirado un clima de subordinación semejante en el país. La del primer círculo era total y completa: los presidentes municipales, los diputados, todos los senadores, los magistrados: todos se cuadraban ante el Señor Presidente”, escribió el historiador Enrique Krauze.

En Guerrero, los legisladores de izquierda y el presidente magistrado, han reditado la sumisión de los poderes, al Señor Gobernador. “Muy distante de lo que es la división de poderes y de una relación republicana de pares, la ceremonia para impulsar la elaboración de una nueva Constitución, se convirtió en un acto de desagravio”. ¿Había necesidad de tanta abyección? Estoy convencido que no, porque la fortaleza de las instituciones y del gobierno de Ángel Aguirre Rivero emana de la Constitución a la cual protestó cumplir y hacer cumplir, no de desplegados, marchas o discursos que solo envilecen a la política. En este aspecto la clase gobernante en Guerrero no ha cambiado. Recurre a la ofensiva mediática y alienta la protesta “ciudadana”, con los mismos guiones de 1968 o 1971.

Pese a los desacuerdos en cuanto a motivaciones y estrategias de los protagonistas del conflicto, nadie pone en duda la contribución del movimiento estudiantil a los cambios políticos ocurridos en México. En vista de estos antecedentes y en el hecho de que la democracia no es de ninguna manera un producto espontáneo del desarrollo político, cabe preguntarse, ¿porque en este tiempo se reeditan las prácticas de regímenes que creíamos superado? ¿Por qué estos acontecimientos se recrean en un gobierno postulado por una alianza de izquierdas?

Los acontecimientos del 12 de diciembre en la autopista del Sol, son un buen punto de partida para empezar a responder a estas preguntas. El desmantelamiento de las formas autoritarias ha sido un proceso lento y en sociedades políticas premodernas, están lejos de ser superadas. Esto explica que se preserven visiones patrimoniales del poder. Que resulte difícil, por la ausencia de contrapesos, evitar abusos del poder por parte de quienes lo detentan.

En un régimen con las características que vivimos, es difícil, si no imposible, no encontrar las responsabilidades de los hechos que nos ocupan, en las altas esferas del gobierno. Este es un incidente penoso en la vida de un pueblo, pero más penoso resulta la conducta servicial de los presidentes del poder legislativo y judicial, al jefe del poder ejecutivo. Nadie tiene derecho a afirmar que el gobernador del Estado es responsable de los crímenes, pero tampoco, en este momento nadie tiene facultades para eximirlo de tal responsabilidad.

A estas alturas se ha dicho casi todo lo que se podía decir, sin la perspectiva que dan tiempo y distancia, sobre el significado de la represión a los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos”. Queda por hacer el análisis a profundidad. Para ello será necesario esperar a que se desahoguen las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “violaciones graves a los derechos humanos”, que nos permitan conocer las sanciones a los responsables de tan oprobioso crimen. Cualquiera que sea el resultado, habría que rectificar el rumbo y, sobre todo, las prácticas políticas en Guerrero.