Inicio precisando que hay una diferencia sustantiva, histórica y jurídica, entre los grupos de autodefensa y las policías comunitarias. Estas últimas se insertan en los usos y costumbres de los pueblos. La ley de nuestro país prevé su existencia, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a ser libres de aplicar sistemas de resolución y regulación de conflictos internos. Las primeras, los grupos de autodefensa, surgen por la cruda realidad de las comunidades al ser víctimas de la delincuencia organizada o al sentirse seriamente amenazados, por lo que se ven obligados a ejercer funciones de defensa por mano propia.
Para que el Estado funcione es indispensable que cumpla con requisitos mínimos como son el monopolio de la fuerza, la garantía de la seguridad de sus ciudadanos y la impartición de justicia. Lo que se aprecia en Guerrero es de enorme gravedad, porque es evidente que estos factores se hayan ausentes y cuando una sociedad percibe que su seguridad peligra y que no existen instituciones para resguardarla, opta por ejercer estas funciones del modo que le sea posible. Esto, a pesar de que puede
entenderse o simpatizarse con el hecho, no contribuye en modo alguno a fortalecer al Estado y por lo tanto nos coloca ante riesgos de descomposición mayores.
Existe amplia documentación que muestra la complejidad que lleva a la formación de cuerpos de autodefensa y lo delicado de las circunstancias que sobrevienen cuando este tipo de situaciones proliferan.
Aquí comienza la otra realidad que tiene convulsionada nuestra convivencia.
La coyuntura exhibió, desde hace algún tiempo, la inoperancia de los poderes públicos en Guerrero. El problema se desbordó, no se tomaron medidas preventivas que a las autoridades locales corresponden. Se consintió la organización de estos grupos de autodefensa y el fenómeno se le salió de control, lo que explica la intervención del ejército para enfrentar a la delincuencia y a los grupos que se convirtieron en materia de manipulación y control de plazas y, por supuesto, de líderes sociales que hacen su agosto en esta coyuntura. La cadena de mando de los grupos de defensa puede ser otra, habrá que investigar las fuentes de financiamiento.
La saludable contribución constitucional de las fuerzas armadas para enfrentar este problema complejo puede derivar en enfrentamientos. Los riesgos están latentes, el discurso de sus dirigentes y la complacencia de las autoridades estatales contribuye a ello.
Involucrar al ejército mexicano en las perversiones del poder y los nudos de la política, es delicado. Para fortuna de todos, mandos y tropas han sido prudentes, extremadamente pacientes, inalterables en sus funciones.
Los acontecimientos de El Pericón, en el municipio de Tecoanapa, en donde elementos del Ejército fueron retenidos por integrantes de los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la entrega de armamentos a la Policía Ciudadana de Xaltianguis, comunidad del municipio de Acapulco, “compradas con dinero del pueblo”, bajo el argumento de hacer frente a la inseguridad, no contribuye a fortalecer al Estado y pone en riesgo nuestra frágil gobernabilidad. “Las armas en manos de inmorales e ilegales son símbolo de violencia, su uso ilegítimo es una afrenta a la concordia social necesaria”, lo ha venido señalando el secretario de la Defensa Nacional.
Es tiempo de restablecer el orden constitucional.
aresza2@hotmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario