El pasado mes de diciembre, en pleno día Internacional de los Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que acota la libre manifestación de ideas y la libertad de asociación: El de la Ley de Manifestaciones en el Distrito Federal. Con 30 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Derechos Humanos y del Distrito Federal,
aprobaron y enviaron al pleno, sin discutir una treintena de reservas planteadas, un documento que propone que las marchas en la capital tengan horario determinado y que puedan ser disueltas por la autoridad, iniciativa propuesta el pasado octubre por el diputado panista Jorge Sotomayor.
El dictamen establece que antes de una manifestación se dé aviso a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación.
Propone la prohibición del “bloqueo total” de vialidades primarias, así como de calles de un solo carril.
Establece que las manifestaciones sólo se celebren entre 11 horas y 18 horas, “tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular”.
Otorga a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal la facultad de “controlar las manifestaciones”.
Prevé sanciones económicas a quien viole las disposiciones de la ley y quienes “realicen acciones que alteren el orden público” en el desarrollo de las protestas.
Garantiza el derecho de asociación y reunión, pero sólo con un “objeto lícito” o que no sea contrario a las “buenas costumbres”.
Prohíbe proferir insultos o amenazas. Plantea la prohibición o modificación de manifestaciones en función de la contaminación ambiental y del “factor riesgo de protección civil”.
Permite a la autoridad “disolver” manifestaciones si se bloquean las vialidades.
Por su parte el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se pronunció en contra de la ley, por inconstitucional y porque va en contra de la búsqueda de autonomía de la ciudad.
Como se observa en el resumen de puntos señalados, la ley de referencia tiene por objeto inhibir cualquier manifestación que se dé en las calles.
La petista Loretta Ortiz, señaló que “al no gozar de derechos ciudadanos como el plebiscito o la consulta ciudadana, la ciudadanía marcha para manifestar la violación de sus derechos”. Violentar ese derecho nos convertiría en un Estado autoritario, agrega.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas, aprobado en Comisiones por la Cámara de Diputados “constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de derecho”. Manifestó su preocupación, al considerar que lo aprobado no sólo pretende “regular” el ejercicio a la libre manifestación, sino otros derechos como la libertad de expresión y de petición.
El dictamen contiene expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiesten públicamente y deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad, retomando conceptos prohibicionistas. Busca además, regular los “contenidos” de las manifestaciones sociales, al “establecer imperativos para regular expresiones y contenidos que se podrán expresar” durante las mismas.
Se trata de una acción de censura previa, prohibida en todos los estándares internacionales, no sólo en nuestro derecho interno. El artículo sexto de la Ley comentada, impone limitaciones a la libertad de pensamiento y expresión, y contravine la Constitución e instrumentos internacionales donde se puntualiza que “toda expresión tendrá responsabilidad posterior, no previa”.
La Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, regresa a la sociedad a aquella de las buenas conciencias, donde cualquiera que se sienta inconforme por las manifestaciones, podrá invocar sanción administrativa, lo que es desproporcionado y subjetivo.
La expresión “buenas costumbres” data de 1917 en la anacrónica Ley de Imprenta.
El abogado Leopoldo Maldonado asegura que la Ley pretende “inhibir el derecho a la protesta social”, derecho básico para el avance de la democracia. “Se pretende dejar en su mínima expresión los derechos a la libre manifestación de ideas, a la libertad de asociación, el derecho de petición y el derecho de participación política.
El dictamen plantea a la manifestación no como el ejercicio de un derecho, sino como un acto a reprimir, a criminalizar. No se ve como el ejercicio de las garantías que se han construido a lo largo de la historia.
En Guerrero hace algunos años, por iniciativa de un diputado de “izquierda”, alguna legislatura que no vale la pena recordar, aprobó una ley similar, inquisitorial y absurda. Pese a las advertencias de sus gobernantes, los guerrerenses se siguen manifestando.
P:D: Alfredo Contreras Arzeta, un hombre bueno, servidor público institucional, descanse en paz.
aresza2@hotmail.com

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