“Los enfrentamientos recientes entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y normalistas con la Policía Federal, dinamitan aún más el proceso”.
Guerrero se dirige a un escenario imprevisto a pasos agigantados. Lo que hasta ahora era una posibilidad apuntada a medias palabras, es hoy, un escenario probable que ocupa el debate estatal. Si no existen plenas garantías democráticas no podremos celebrar las elecciones programadas para el primer domingo de junio del 2015. Las reglas del juego no establecen un plan B. Para muchos, eso supondría un fracaso de nuestra democracia. Para otros, una medida en espera de justicia.
Ante la inexistencia del Estado de derecho y de resultados en la investigación de los acontecimientos de Iguala, el orden social está alterado. Los enfrentamientos recientes entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y normalistas con la Policía Federal, dinamitan aún más el proceso. En días pasados, los padres de familia colocaron su demanda de suspender elecciones, en terrenos vitales para la clase política.
Acordaron con los senadores un plazo para su respuesta. Para evadirla, el Senado de la Republica cerró el periodo de sesiones para reanudarlas el próximo primero de febrero, apostando al desgaste del movimiento. Minutos antes, solicitó al INE analizar las condiciones políticas y sociales en Guerrero, para garantizar la plena vigencia del derecho electoral.
Entendible su visión estratégica en su agenda para evadir lo que tiene en jaque al gobierno mexicano frente al mundo: La aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables.
En un terreno accidentado, la pelota rueda.
El consejero del Instituto Nacional Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, externó su confianza en que encontrarán un mecanismo a través del cual, en colaboración con otras instituciones, se permitirán hacer frente a esta situación y celebrar los comicios como es debido, pues refrendó, resulta sumamente delicado el simple planteamiento de no celebrar elecciones.
“No le toca al INE resolver el conflicto entre diferentes actores, pero cancelar la elección significa que no cumplamos con nuestras funciones. Yo creo que independientemente del tamaño del conflicto, la celebración de las elecciones no puede estar en la negociación”, agregó.
Por su parte, los Consejeros del Distrito Electoral 07 con sede en Chilpancingo, responsables de la organización de la elección federal correspondiente, consideran que, si bien al INE no le corresponde procurar e impartir justicia, “consideramos que el presente proceso electoral deberá ser precedido por una reconciliación social y considerando la situación política y social que prevalece en el estado de Guerrero, concretamente en el ámbito de este distrito… Consideramos que no existen condiciones para llevar a buen fin este proceso electoral”.
En un terreno accidentado, la pelota rueda. Guerrero está ante un escenario complejo. ¿Y si no se celebran elecciones? Correspondería a la actual legislatura, es decir, los diputados que estén en funciones como tales, acordar la prórroga de los periodos de ayuntamientos y gobierno del Estado y así misma (la propia legislatura), hasta en tanto no se den las condiciones para celebrar la elección y seguir proveyendo las funciones que exige el Estado.
Restablecido el orden social, será esa misma legislatura y el Instituto Electoral local, quienes establezcan fechas para la renovación de ayuntamientos, gobierno del estado y la propia Cámara de Diputados. En cuanto a legisladores federales, será competencia del INE el convocar a elecciones extraordinarias para tal efecto.
Este razonamiento obedece a lo siguiente: Si no se proveyera de la autoridad, habría una anarquía total y absoluta que no permitiría vivir en comunión.
Catastrófico sería otro camino. El escenario del uso de la violencia sería de impredecibles consecuencias.
La represión a la movilización estudiantil magisterial sólo profundizaría el caos en que nos encontramos, ante versiones documentadas de la participación de los cuerpos de seguridad en la noche de horror en Iguala.
Requerimos acuerdos, sí, pero no aquellos que descansen en toletes o fusiles. Ni pactos impuestos o amarrados con mecate.
Son las instituciones las que están a prueba y no la legitimidad del reclamo social.
La aplicación del derecho, la verdad y la justicia, son condiciones para recuperar la normalidad democrática y celebrar elecciones en Guerrero. Sin ellos, ninguna elección será posible.
Iguala debe tener consecuencias judiciales. Es ingenuo que se centre el debate en otros temas. El asunto va más allá.
Independientemente del nivel que se trate, nadie debe quedar impune de este crimen.
El deterioro político, institucional y moral del régimen es de suma gravedad, pretender apoyarse en la violencia para sojuzgar y dominar sería la peor manera de abordar la mayor de las crisis del Estado Mexicano.
Por otra parte, sería lamentable utilizar a las fuerzas armadas en asuntos que son del orden judicial. Su labor encomiable, merece más respeto. Por el bien de México.
aresza2@hotmail.com
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