El Presidente de la República entregó al Senado su propuesta de reforma a los artículos 21, 73, 104, 115, 116 y 123 de la Constitución, porque “México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido. Una reforma superficial, en este momento, sería insuficiente e irresponsable”, dijo Enrique Peña Nieto al Senado. El Presidente de la República plantea que no procederán las controversias constitucionales en lo relacionado con la intervención de la Federación en los municipios.
“Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta soliciten la aprobación del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.
Legisladores, académicos y especialistas en la materia coincidieron en que el plan de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, y en especial la que tiene que ver con la intervención del gobierno de la República en ayuntamientos y la desaparición de la policía municipal en las 32 entidades del país, viola la autonomía municipal garantizada por la Constitución mexicana.
Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL, apuntó que la medida es para concentrar más facultades en manos de los poderes ejecutivos de los estados y la Federación, lo cual no se justifica. “Es una salida que no responde al Estado constitucional. Una iniciativa demasiado ingenua, como si los cuerpos de seguridad y los mandos a nivel estatal y federal
no estuvieran infiltrados por el crimen organizado, porque si ese es el motivo principal, la verdad es que no se justifica”.
En un país con alto grado de corrupción, no porque tú digas que vas a tener 32 mandos es alguna garantía de que ahora sí, esos van a ser los inmaculados, incorruptibles, los hombres de la decencia.
Pero lo más preocupante, es lo que podría ser la subjetividad o el dolo en la valoración del gobierno para intervenir en los municipios, altamente riesgosa para la convivencia republicana.
Voy a citar el caso del general mexicano Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar de alto rango en ser encarcelado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Falleció el jueves 19 de diciembre del 2013, a los 79 años. Un día antes de morir, se le concedió un amparo para que llevara su condena en arresto domiciliario.
En diciembre de 1996, el presidente Ernesto Zedillo nombró a Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). El general tenía entre sus méritos haber detenido a Héctor “El Güero” Palma Salazar, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y a ex integrantes del cártel de Juárez.
Duró 72 días como Zar Antidrogas del gobierno mexicano. El 6 de febrero de 1997, el general fue detenido y acusado por autoridades militares y por la PGR de proteger al jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El señor de los cielos”.
El 22 de mayo de 2012, Lilia Esther Priego y César Gutiérrez Priego, esposa e hijo del general Gutiérrez Rebollo, declararon que el general “habría sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo”.
Por qué le hicieron esto (a Gutiérrez Rebollo)? –se preguntó Lilia Esther.
-Porque traicionó al ser invitado a una boda en la propiedad de la familia González Quirarte, donde se pidió el apoyo de elementos del Ejército, porque iría el padre del ex presidente Zedillo.
“Traicionó la confianza depositada, cuando al ser invitado a una boda en el rancho Camichines, (y le traje fotos de esto) propiedad de la familia González Quirarte, el Estado Mayor Presidencial pidió apoyo para que se presentaran elementos del Ejército ya que asistiría a este evento el padre del presidente Zedillo, y a la que también asistieron – y así fue informado por sus elementos- los hermanos Amezcua, quienes tenían una estrecha relación con la familia de la señora Nilda Patricia Velasco, esposa del entonces presidente Zedillo, y que en su momento eran las personas que comercializaban con metanfetaminas”.
Si esta injusticia se cometió contra uno de los hombres del más alto grado en el Ejército Mexicano, ya que no fue debidamente probada su culpabilidad, ¿qué podrá pasar con un cabildo como Cochoapa el Grande, Cualac, incluso Acapulco, si el Fiscal General de la República advierte indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales? Dios nos agarre confesados.
Los principios consagrados en la Constitución, como el plasmado en la reforma de 1999 al Artículo 115 (reconocido como el gran avance del federalismo y la democracia mexicana al fortalecer la autonomía municipal), no pueden ser modificados discrecionalmente por el legislativo federal por caprichos centralizadores, incapacidades institucionales o factores coyunturales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario