29 de enero de 2015

Puesta en juego



“En la agenda política inmediata se vislumbra una necesidad imperativa: Encontrar los mecanismos que permitan articular una nueva convivencia y de interacción política que favorezca la reconstrucción de las estructuras de poder y de servicio”.

Guerrero es un Estado de puntos y contrapuntos, de más retrocesos que de avances. El fracaso evidente de nuestro sistema de representación obliga a un cambio de rumbo, una nueva estrategia para darle sentido a la política.


Existe una real problemática de la pérdida de la calidad de nuestra democracia y de las reglas electorales, que explican los déficit de participación para expresar la voluntad de los ciudadanos.
El que una minoría gobierne con notable displicencia por sus ciudadanos y sus aspiraciones sociales y políticas encuentra, sin lugar a dudas, su origen en el régimen centralista del poder, que pese a los cuestionamientos periódicos, ahí está, con sus mismos ritos, discursos y prácticas autoritarias.

Ahí están, los de siempre, familias y partidos en la preservación de los privilegios, grupos basados no en el saber, sino en el poder heredado por el padre o la burocracia del partido. Hijos de señores feudales (la aduana por la que tienen que pasar todo aspirante a gobernar Guerrero), usufructuarios de la economía y la política, frente a una sociedad civil incapaz, hasta ahora, de contener sus encontradas ambiciones.

Ahí están sus miembros tribales, en eventos faraónicos, separados del pueblo por vallas para que no haya confusiones. En la era de las “reformas estructurales y de la modernidad”, estos hombres no se sienten humanos, se sienten dioses. Regionales o de comunidades apartadas, si usted quiere, pero al fin dioses.

La gente, pese a su presencia en estos actos, es ajena a los intereses de estos grupos que les han despojado hasta de oportunidades. Ello ha traído consigo una serie de complejidades que, con el intenso pluralismo que nos atraviesa, afectan la capacidad de generar consensos y consecuente, de gobernar.

En la agenda política inmediata se vislumbra una necesidad imperativa: Encontrar los mecanismos que permitan articular una nueva convivencia y de interacción política que favorezca la reconstrucción de las estructuras de poder y de servicio.

Ello se traduce en la necesidad de repensar el esquema de participación electoral, condición para la gobernabilidad. Y es que la arquitectura constitucional, aún vigente, fue pensada para responder de manera funcional al régimen autoritario que se consolidó a lo largo del siglo pasado (que permearon a los partidos) y hoy resulta disfuncional y hasta pernicioso para la recreación de la convivencia democrática.

Esta nueva realidad plantea la necesidad de encontrar mecanismos inéditos que permitan enfrentar los retos que inevitablemente impone la nueva realidad política.

Esto representa una paradoja: Los partidos han dejado de ser interlocutores de la sociedad ante el gobierno, partidos y gobiernos son igual de corruptos, que no están dispuestos a ceder ni una regiduría ajena a su militancia, pero a la vez tenemos una sociedad sin la fuerza suficiente que le permita construir y articular una propuesta política y de gobierno.

Para decirlo de otro modo, si bien es cierto que en general la clase política mantiene su actitud más proclive a la confrontación que al acuerdo, también es cierto que como sociedad no hemos sido capaces de ir más allá del cuestionamiento de la calidad de nuestra democracia, y ofrecer alternativas viables para la reconstrucción moral de Guerrero.

Al movimiento estudiantil-magisterial-social de Ayotzinapa nadie podrá regatearla su fuerza y la razón ética, que sin duda alguna, les asiste. Su lucha ocupa un lugar central en la agenda nacional e internacional. Pocos movimientos han alcanzado el grado de combatividad y firmeza que han logrado. Su decisión inquebrantable de seguir adelante es compartida por millones de ciudadanos. El problema está en otro lado: Esos reclamos al Estado mexicano de presentar con vida a los estudiantes desaparecidos, que han sido puntuales, no ha supuesto la formación de amplias coincidencias estables y el diseño de programas políticos de amplio alcance por las fuerzas progresistas ajenas a la izquierda sistémica. El problema no es de ellos, advierto, sino de la sociedad ajena a los partidos.

Es por ello que resulta indispensable definir, cuál debe ser la relación con otros sectores para propiciar una mejor interacción política, a partir de uno de los rasgos distintivos de la democratización mexicana: La diversidad. Se plantea pues, una línea general de acción en el terreno de la vinculación política de movimientos.

La lucha para agudizas las contradicciones y erosión de la representatividad del sistema político, debe ir acompañada de una estrategia para la construcción de mayorías.

La puesta en juego no debe constituir un resultado de suma cero, en donde alguien gana pero alguien pierde con toda la carga disruptiva que ello supone en un contexto de exacerbación política. Por ser la fuente primera del problema, debemos replantearnos necesariamente el tránsito a un sistema donde quepan todos.

Se dice que para ello, si bien existe el contexto político adecuado, hace falta una clase política “educada” para las dinámicas democráticas. Pensar así significa, simple y sencillamente, cerrar la puerta a la discusión y a la propuesta. Tampoco la España del posfranquismo tenía arraigada una cultura política democrática, todo lo contrario.

Los contextos y las actitudes políticas se construyen.


aresza2@hotmail.com

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