Después de la tragedia de Iguala, pensamos que no habría sitio para más crímenes aberrantes o desaparecidos en Guerrero. Tomamos en serio la aseveración de que habría un antes y un después de Iguala. La estela de muertos y la búsqueda desesperada de cientos de familiares para encontrar a sus hijos o esposos levantados después del 26 de septiembre pasado, los macabros descubrimientos en fosas clandestinas y los cuerpos descompuestos al aire libre en empresas de cremación, compendia las mismas miradas del Guerrero de siempre. De muertes diarias marcadas por la violencia y desfiles de familiares reclamando sus cuerpos o partes de ellos, son imágenes de todos los días. Hemos perdido la capacidad de asombro.
Nuestra generación se caracteriza por la inquietante familiaridad con los temas de violencia; nuestros hijos crecen con el diccionario de la criminalidad. Ante la ausencia de un Estado que se caracterice por el respeto y la protección a las vidas y bienes de los mexicanos, las puertas del infierno están siempre abiertas de par en par. No sé por cuánto tiempo seguiremos viviendo en los brazos del crimen organizado y la violencia que genera. Más que elecciones, Guerrero necesita gobernantes que aborden este problema central con seriedad y conocimiento. Las campañas han sido opacadas por la agenda delincuencial y la violencia que genera.
Hace dos décadas, en el arranque de la alternancia en el poder y la pluralidad en el Congreso, los problemas electorales eran el padrón, inequidad en el proceso, desconfianza en las instancias electorales. Hoy el problema electoral es la violencia y los vínculos de políticos con grupos criminales. Por ello, nunca antes estuvo en entredicho la posibilidad de no celebrar elecciones.
Compadre, algo está podrido en este país.
La prensa, los medios electrónicos y las redes sociales dan cuenta de la sangrienta lucha entre grupos rivales y las acciones de la delincuencia común.
La violencia y el crimen tienen consecuencias al atemorizar a los ciudadanos e impedir la cooperación social, frenan también el crecimiento económico, corroen el entramado social, alterando las innumerables microhistorias que conforman a México, afectan la gobernabilidad, sobre todo a nivel municipal, impiden la libre expresión y la libertad de las ideas y, finalmente, impactan la participación política en las elecciones.
La Conferencia del Episcopado Mexicano informó al presidente de la Republica que grupos criminales prácticamente han asumido el poder en una docena de estados y, frente a esa realidad será imposible llevar a cabo elecciones confiables, legales, legítimas y exentas de violencia.
Las agresiones contra los alcaldes en los últimos años se han disparado en los últimos años. En efecto entre 1994 y 2003 ni un solo presidente municipal fue asesinado. Hace pocos días, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, quien había sido secuestrada por un grupo de hombres armados, fue encontrada sin vida en Tecoanapa. Su esposo, el ex alcalde de ese municipio, Francisco Quiroz, también fue asesinado el año pasado y en ese mismo tiempo uno de sus hijos fue privado de la libertad por delincuentes y hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecido.
Pero la filiación partidista no es un dato relevante.
La Asociación Nacional de Alcaldes exigió al gobierno federal un protocolo de seguridad de excepción para presidentes municipales en riesgo. En la reunión celebrada en Mexicali, el pasado 13 de marzo, se informó que de 2006 a la fecha han sido asesinados 34 presidentes municipales en México, además del homicidio de otros ex alcaldes y seis con categoría de ediles electos.
Líos políticos, extorsión, venganzas y posibles vínculos con el crimen organizado son las líneas de investigación, por lo que no es casual que la población se sienta a merced de la delincuencia.
Matar y romper la legalidad (la cultura del carril auxiliar), son maneras de operar perfectamente tolerables en todos los estratos.
Una violencia “tolerada” que ya ha dejado más de 70 mil muertes en seis años, en un país en el que campa la impunidad (sólo se resuelven el uno por ciento de los delitos), no es un escenario de un país que presume de modernidad y de vigencia plena del Estado de derecho.
En Canadá, Suecia, Noruega, Costa Rica... basta un hecho de violencia para paralizar el país entero. Pero, ¿la violencia es histórica o estructural? En opinión del investigador Martínez-Amador, es estructural, definitivamente.
“Es cierto que toda la historia mexicana es violenta, pero el inicio del siglo XX fue brutalmente violento y el inicio del siglo XXI lo está siendo igual.”
Para Lolita Bosch, escritora mexicano-catalana radicada en Barcelona (España), el narcotráfico, unas autoridades y unos políticos impunes y una corrupción desmedida son la causa de la violencia que azota el país.
Agrega, además, que la violencia está muy vinculada con la política, su amparo, su venta y su protección.
A la pregunta de qué se puede hacer para modificar la realidad mexicana Lolita Bosch se muestra aún optimista: “Se pueden realizar varias acciones: Sanear las autoridades; bloquear el blanqueo de dinero del narco y las cuentas bancarias; informar juiciosamente a la ciudadanía de lo que está ocurriendo; convertir la legalización de las drogas básicas en agenda urgente; aparte, podemos y debemos trabajar al lado de las víctimas y por la reestructuración del país”.
aresza2@hotmail.com
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