Da mihi factum, dabo tibi jus (también: da mihi facta, dabo tibi jus) es un aforismo latino usado aún en la práctica judicial. Su traducción sería: dame los hechos, yo te daré el derecho (la consecuencia jurídica de dichos hechos).
Este inicio de mi colaboración viene en relación a la serie de declaraciones de actores y apologistas sobre los acontecimientos derivados del huracán Manuel.
La gravedad de la tragedia exige que los medios de comunicación, columnistas, periodistas, profesionistas y exfuncionarios se apeguen al hecho documental, a la prueba jurídica de quien o quienes autorizaron indebidamente obras que trastocaron el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, con las consecuencias conocidas.
Que no sea el discurso ni la perversión política quienes orienten la opinión, sino la verdad documentada. No es momento de proteger carreras políticas, la urgencia de justicia, ni la moral lo admiten.
Son decenas de Acuerdos mediante el cual se aprueban Dictámenes por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, respecto al cambio de Uso de Suelo de Terrenos Ubicados en la zona siniestrada, beneficiando a constructoras de vivienda de interés social, tiendas de autoservicio, centros comerciales, pero sobre todo, el más emblemático de las irregularidades por lo que representa el solicitante (garante de nuestro Estado de Derecho), oportunamente cuestionado por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo: el Acuerdo que autoriza el cambio de uso de suelo de T 60-80 Zona Turística a Equipamiento E, de la Fracción A, Granja 39, del Fraccionamiento Granjas del Marqués, que dice “en virtud de que cumplió con los requisitos para el otorgamiento de cambio de uso de suelo, se autoriza….”. Nos referimos a la solicitud hecha por el Poder Judicial de la Federación, con el objeto de construir el Palacio de Justicia Federal” (Considerando Cuarto del Acuerdo). El acta de la Sesión de Cabildo y Acuerdo –que obran en mi poder- confirman que esta y otras autorizaciones indebidas corresponden a la administración del licenciado Alberto López Rosas.
Pero la autoridad que otorgó en donación pura y gratuita el predio al Poder Judicial de la Federación, mediante Decreto 535, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, de fecha 26 de septiembre del 2002, tampoco puede salvar el juicio de la sociedad.
Laguna Campestre es otro asunto de gravedad, porque conjuga irresponsabilidades de autoridades de diversos niveles de gobierno, de constructoras, institutos nacionales de financiamiento a la vivienda, juego de intereses políticos, tráfico de influencias, despojos a ejidatarios y fraudes a los compradores de viviendas, muchos de ellos defeños que apostaron los ahorros de toda su vida por una merecida vivienda en esta ciudad de Los Reyes, como fue denominado Acapulco. El gobierno municipal que autorizó el cambio de uso de suelo es el mismo, así lo prueba el acta de cabildo, que en el punto 7 del orden del día señala:
“Análisis, Discusión y Aprobación en su caso, del Dictamen Emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respecto a la Solicitud de Uso de Cambio de Suelo de un área de Equipamiento Urbano a uso habitacional, ubicado en las inmediaciones de la Laguna Negra de Puerto Marques”, de fecha 12 de agosto del 2003, firmado por los integrantes del cabildo, de extracciones partidistas diversas, con plausibles desacuerdos. En diversas licencias de construcción destaca la firma autógrafa del Subdirector de Administración y Operación Urbana del gobierno que hacemos referencia: el Arq. Urb. Domitilo Soto González.
Todos los actos de gobierno deben ser investigados, incluyendo a las autoridades actuales. Sin filias ni fobias, es el momento de abordar el presente y futuro de Acapulco con seriedad, con medidas jurídicas indubitables, con lecciones que eviten en el mañana la reiterada práctica de la corrupción, complicidad e impunidad.
Por otra parte, sería saludable que el alcalde Luis Walton Aburto, enterara a la sociedad de la documentación del caso entregada al Ministerio Público, porque son documentos públicos y derecho de todos a ser informados.
aresza2@hotmail.com
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